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Validez de los arrepentidos





Por Armando Maronese   *
 
Tras la validez de los arrepentidos, trasciende que un juez quiere la identidad de una fuente periodística
 
A pedido de uno de los imputados, el juez Martínez de Giorgi -a cargo de la instrucción de la causa- solicitó filmaciones en la vía pública para identificar a quien le suministró al periodista Diego Cabot las anotaciones de Oscar Centeno. Las entidades periodísticas advirtieron sobre la inconstitucionalidad de vulnerar el anonimato de las fuentes.
 
Los cuadernos de Centeno
 
Horas después de que la Cámara de Casación validara las declaraciones de los arrepentidos de la causa de los cuadernos de las coimas, se conoció una orden del juez de instrucción del caso tendiente a identificar a una fuente periodística que sería clave en el caso.
 
Se trata de una decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien subroga el juzgado que dejó vacante Claudio Bonadio tras su fallecimiento.
 
El magistrado le solicitó al municipio de Vicente López el registro de las cámaras de seguridad con el fin de dar con la identidad de quien le suministró al periodista Diego Cabot 6 de los 8 cuadernos en los que el ex chofer Oscar Centeno tomó notas sobre el circuito de los sobornos que empresarios de la construcción pagaron durante los gobiernos kirchneristas.
 
Según informó lanación.com, esta medida había sido pedida por el empresario Néstor Otero, dueño de la empresa TEBA, que estuvo detenido por orden del fallecido juez Claudio Bonadio en 2018, cuando estalló el caso los cuadernos.
 
Otero había solicitado también pericias dactilares y sobre el celular de Cabot. El juez sólo admitió el pedido sobre las cámaras.
 
"Solicítese al Municipio de Vicente López, que tenga a bien de informar las cámaras de seguridad que se encuentren instaladas dentro del cuadrante conformado por las Avenidas General Paz, Maipú, Julio Argentino Roca y el Río de la Plata, y en tal caso remita las filmaciones efectuadas por las mismas el día 22 de octubre de 2019, en el horario comprendido entre las 18:30 y las 20:00 horas", indica la orden judicial.
 
De acuerdo a infobae.com, la misma fue firmada el 03/11 último, pero trascendió en las últimas horas, en coincidencia con la complicación de Cristina Fernández y otros ex funcionarios kirchneristas y empresarios por el fallo de Casación.
 
Ese medio aporta además que el municipio que comanda Jorge Macri ya respondió que no tenía los registros de las cámaras de seguridad que se solicitaron.
 
El pedido de Martínez de Giorgi generó alarma por lo que significaría la vulneración de la protección a las fuentes periodísticas.
 
“Lo que hace Martínez de Giorgi es pedir que el municipio de Vicente López le entregue todas las cámaras de seguridad de todo un perímetro donde obviamente dentro de ese perímetro está el diario”, dijo Cabot, periodista del diario La Nación, en diálogo con radio Mitre.
 
“Rechaza la pericia dactilográfica y no dice nada sobre mi declaración testimonial ni tampoco sobre una pericia sobre los movimientos y los posteos de las antenas de mi teléfono. Básicamente quiere saber quién es mi fuente”.
 
“Martínez de Giorgi por ahí hace mucho que no lee la Constitución pero el derecho de la reserva de la fuente está puesto con todas las letras en el art. 43 de la Constitución donde dice que el periodismo tiene derecho a preservar su fuente”, recordó.
 
La orden judicial también provocó la reacción de las entidades periodísticas.
 
“Adepa advierte, con profunda preocupación, la consagración de una nueva medida judicial que conspira contra el ejercicio del periodismo de investigación en causas referidas a hechos de corrupción pública”.
 
La Asociación sostuvo que este tipo de decisiones “desincentivan el periodismo de investigación, criminalizan la labor de la prensa e inhiben a periodistas y a otros ciudadanos que pretendan colaborar con el esclarecimiento de hechos de corrupción”.
 
“En la orden de Martínez De Giorgi hay una inversión de la lógica jurídica. En lugar de poner el foco en los graves hechos denunciados por un periodista, se pone la lupa sobre el propio periodista. La medida cuestiona la investigación de una de las mayores tramas de corrupción y configura una advertencia sobre los riesgos que para los periodistas conlleva la tarea de investigar”.
 
Adelantó además que expondrá el caso ante organismos internacionales que defienden la libertad de prensa.
 
En el mismo sentido, Fopea expresó su preocupación y rechazó por inconstitucional la decisión judicial. “Se trata de un nuevo embate para criminalizar la actividad periodística. La medida viola el derecho constitucional de preservar el secreto de las fuentes de información y resulta intimidatoria para cualquier ciudadano que quiera colaborar con la prensa bajo la protección del sigilo de la fuente”.
 
Por Armando Maronese
M, 01/12/2020
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