Cristina Fernández K y su procesamiento





Por Armando Maronese   *
 
La Cámara de Casación confirmó este miércoles el procesamiento contra la vicepresidente Cristina Fernández K, como jefa de una asociación ilícita en uno de los expedientes derivados de la causa de los cuadernos de las coimas. El fallo lo firmaron los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci. Además, el tribunal rechazó planteos formulados por su defensor, el abogado Carlos Beraldi.
 
Un día antes, la Corte Suprema habilitó el tratamiento de un recurso presentado por varios jueces que fueron removidos de tribunales que intervienen en esta causa.
 
También quedaron firmes los procesamientos contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido y contra decenas de empresarios de la construcción como Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra. Se trata de una de las causas derivadas del tramo principal de la causa de los cuadernos de las coimas, en la que se investiga por los delitos de asociación ilícita y cohecho a la vicepresidente, sus ex funcionarios y a directivos de grandes empresas contratistas.
 
En este tramo, se investigó la cartelización de la obra pública a favor de un conjunto de compañas que pagaban sobornos -sostiene la acusación-, al extinto Ministerio de Planificación para garantizarse diversos contratos.
 
La Sala III de la Cámara de Casación -que interviene en este expediente, mientras la Sala I interviene en el expediente principal- rechazó los planteos contra esos procesamientos.
 
Mientras tanto, la Sala I de Casación, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, analiza la constitucionalidad de la ley del arrepentido aplicada en el caso principal de los cuadernos y la validez de las declaraciones de los imputados colaboradores.
 
Un grupo de defensores reclamó la nulidad de todo el expediente, por la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido y su aplicación directa en esta causa. Y ahora la Casación decidió reclamar de manera “urgente” que le envíen el “soporte fílmico, digital y otro medio técnico en el cual se hayan registrado” las declaraciones de los arrepentidos.
 
En ese sentido, el fiscal ante la máxima instancia penal del país, Raúl Pleé, consideró este mismo miércoles válidas las actas que dieron cuenta de las declaraciones de los arrepentidos y remarcó que fueron firmadas por estos imputados, sus defensores y los fiscales de primera instancia.
 
"Los registros de todas las colaboraciones prestadas por imputados que se acogieron al régimen de la Ley 27.304 fueron agregados bajo la forma de actas en sus respectivos legajos", sostuvo el fiscal en un escrito enviado a la sala I de Casación, de acuerdo a la agencia Télam.
 
Pleé reclamó a los camaristas Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroeataveña, anular la medida que ordenó la primera para "mejor proveer", en la que pidió al juzgado de instrucción el envío los soportes fílmicos o digitales de esas declaraciones, si los hubiera.
 
El juez a cargo actualmente del juzgado federal 11 que llevó el caso, Marcelo Martínez De Giorgi, informó el martes que no cuenta con declaraciones de arrepentidos en estos soportes y pidió al fiscal Carlos Stornelli que le informe si él los conserva, en un plazo de 48 horas.
 
Ahora, el fiscal ante Casación cuestionó la medida de prueba resuelta por Figueroa, pidió que se deje sin efecto y se resuelva el planteo sobre la constitucionalidad de la ley del arrepentido, formulado por defensas de procesados.
 
En los legajos de los arrepentidos también "están anexadas las actas de homologación suscriptas por las mismas personas y por el juez de la primera instancia", agregó en alusión al fallecido Claudio Bonadio, a quien subroga Martínez De Giorgi.
 
Todos estos legajos están actualmente en poder del Tribunal Oral Federal 7, que prepara el juicio a los procesados, entre ellos la actual vicepresidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el arrepentido Centeno, además de empresarios que confesaron como imputados colaboradores el supuesto pago de sobornos para obtener contratos de obra pública.
 
En el incidente a estudio en Casación, "sólo se debate la constitucionalidad" de la ley del arrepentido, recordó el fiscal y está a estudio de Casación hace más de un año.
 
"Por todo lo que se lleva dicho, este Ministerio Público Fiscal ha de requerir que se dejen sin efecto tanto los requerimientos a las distintas autoridades judiciales dispuestos como medida para mejor proveer, cuanto la suspensión de las deliberaciones y, sin más dilaciones, se dicte resolución en este legajo en tanto lleva más de un año de trámite en esta instancia", concluyó el fiscal.
 
Por Armando Maronese
Mi, 30/9/2020  -  15:12 hs.
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